¿CUÁNDO COMENZARÁ LA REVOLUCIÓN?
Carlos Goedder
A D. Mstislav Rostropovich, otro músico de la libertad, in memoriam.

Bajar aqui artículo publicado en Diario 2001 con relacionado con este tema

“La Presidencia de Hugo Chávez se ha despojado de su ambigua retórica inicial para convertirse en un radical experimento político, económico y social apoyado en el dinero del petróleo.” Diario español El País, 2/V/2007


¿Cuánto más debe ocurrir en Venezuela para que se retome el sentido común individual y social? Es inquietante cómo el discurso oficial desde 1998 persiste en insultar, amenazar y azuzar. Cotidianamente hay un enemigo público nuevo. La diatriba se ha convertido en el lenguaje oficial corriente. Y desde que ha comenzado este año de 2007, el cual probablemente estará entre los peor recordados, se ha catalizado de manera voraz la expropiación, la condena a los enemigos tanto reales como imaginarios y el desprecio hacia la opinión pública internacional.

La reciente renuncia venezolana al FMI y el Banco Mundial simplemente hace eco de los pagos anticipados de deuda a tales organismos hechos por Argentina y Brasil. Sólo que Venezuela tiene que ser más y entonces se opta por abandonar multilaterales, igual que ya se ha hecho con la Comunidad Andina y como se pretende hacer con la OEA.

Ciertamente el FMI y el BM atraviesan por un mal momento de imagen y sus antiguos deudores sudamericanos pueden darse ahora el lujo de desplantarles, gracias a la bonanza exportadora ¿transitoria? Ahora bien, incluso un crítico de ambos organismos como es el nobel D. Joseph Stiglitz, señala esto al iniciar un párrafo del libro El Malestar de la Globalización: “Las 3 instituciones que gobiernan la globalización: el FMI, el BM y la Organización Mundial de Comercio…”. Estar sin participación en estos foros deja a Venezuela sin voz ni voto en la integración internacional.

Sería grave si esta salida estrepitosa de los multilaterales lo que realmente persigue es evadirse de las visitas periódicas que hacen los funcionarios de tales organizaciones a los países miembros, ocasión que resulta en informes públicos detallados sobre la salud de las cuentas públicas, el sector financiero y la política social. Eliminar esta auditoría social sería otro paso en el camino hacia el poder presidencial absoluto.

Sorprende que un gobierno de corte socialista también renuncie al Banco Mundial, dado que este trabaja en pos del Objetivo del Milenio de 2015: sacar de la pobreza y hambre a por lo menos la mitad de los excluidos sociales.

En suma, se renuncia a prestamistas de última instancia que serían útiles en épocas de crisis fiscal como la de 1989. El FMI ciertamente ha cometido errores en sus recetas políticas; ahora bien, darle un portazo resta al gobierno socialista de Venezuela la oportunidad de inducir una mejor agenda social en las políticas financieras internacionales. A efectos inmediatos, abandonar el FMI y el BM tenderá a encarecer el costo del endeudamiento internacional para el gobierno y empresas venezolanos, precisamente por la desconfianza sobre las estadísticas oficiales. Se pierde además financiación para proyectos sociales, indispensables ante un escenario de menor precio petrolero.

Este estilo reciente de políticas venezolanas tuvo un “big bang” cuando en diciembre se anunció que la concesión otorgada a la televisora RCTV quedaría sin renovación. Y en la rueda de prensa otorgada entonces por un ministro sorprendieron dos cosas: la primera, que la medida se fundamentase en una legislación del gobierno de Lusinchi, quizás el peor que tuvo Venezuela durante la llamada “Cuarta República”. Y, en otra muestra de cómo la ideología cede ante la necesidad burocrática, se consideró que el desempleo resultante para los trabajadores de la emisora distaba de ser un problema: el crecimiento de la economía generaría nuevas oportunidades de trabajo para estos desplazados (un liberalismo económico ‘talibán’ que haría protestar al propio D. John Stuart Mill). Tras esta cadena, las televisoras volvieron a su programación habitual de bailarinas semidesnudas y apología del barrio pobre.

La complicidad social seguirá siendo el soporte para todos estos desaciertos. En una actitud suicida, casi cualquier ciudadano, desde el que se quedó sin acabar la primaria hasta el que tiene pos-doctorado en la Ivy League, está dispuesto a que siga este estilo político, siempre y cuando se le dé alguna participación en el peculado. Los burócratas se llevan los autos último modelo y los barrios se quedan con las Misiones. Pareciese que Blanca Ibáñez, la amante de Lusinchi que fue dueña del país entre 1984 y 1989, allanó el camino para la política del Siglo XXI. Además de ser pionera en el uso del traje de Guardia Nacional para socorrer barrios pobres, Ibáñez dio un precedente inmediato de cómo se puede saquear el erario dando muestras de sensibilidad social y cómo la sociedad, los medios de comunicación y la conciencia podían silenciarse mediante dólares baratos, limosnas y poder estatal desmesurado (El estilo Ibañez se documenta en el libro Sexo y Poder de D. Carlos Capriles Ayala).

Un activo mental de quienes tuvimos educación católica es la creencia de que tanto la vida personal como social pueden, en cualquier momento, ennoblecer su trayectoria mediante la voluntad y la fe. El gobierno del Sr. Presidente Chávez está llamado a hacer una verdadera revolución que mejore la calidad de vida. Por algo la historia y la sociedad le han dado un poder omnímodo que jamás disfrutó mandatario alguno en el Siglo XX (hasta el dictador D. Gómez tuvo oposición local y control internacional). El gobierno del sr. Chávez puede emular a D. Gorbachov y lanzar, valiendo la licencia con que uso el término, una Chaveztroika, una revisión de las creencias y prácticas falaces que están perpetuando en Venezuela la pobreza, el estatalismo e impunidad legal. Como están las cosas en Venezuela, sólo el propio gobierno puede catalizar tal reforma.

Las medidas a tomar exigen: simplificar la normativa para apertura de negocios por los emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa; auspicio al microcrédito; defensa legal de los derechos de propiedad; uso del gasto militar para apoyar la gestión policial; establecimiento de objetivos de inflación por el Banco Central y renuncia a monetizar el déficit fiscal; supresión de la discriminación burocrática por filiación partidista, restableciendo en el mayor grado posible la correspondencia entre méritos y jerarquía en los cargos públicos; supresión del control cambiario, que siempre termina expoliando fondos públicos, restaurando un tipo de cambio flotante con intervención del Banco Central; por encima de todo esto, el fomento de la competitividad dando legislación e infraestructura apropiados (algo difícil si se excluye al sector privado y al capital internacional en la gestión de telecomunicaciones, red vial y sector transporte).

Es decisivo reforzar los contenidos científicos, técnicos y de idioma inglés en los programas educativos, manteniendo los incentivos a la escolaridad (comedores escolares, jornada de día completo al estilo de las escuelas integrales, programa integral de atención sanitaria, vigilancia policial debidamente entrenada para evitar delitos en las escuelas, planes de remuneración por desempeño para los profesores, creación de becas para cursos continuo de especialización docente, junto al restablecimiento de las escuelas técnicas eliminadas por el nefasto Caldera).

En el ámbito urbanístico, es indispensable reconocer el derecho de propiedad sobre los suelos invadidos por los ranchos y proponer la correspondiente compra de tales viviendas por el Estado, suministrando alternativas de establecimiento en nuevas urbanizaciones de las ciudades y en otras localidades del país. Una “Misión Codazzi” orientada a “colonizar” la provincia venezolana sería decisiva. Hay recursos públicos para lanzar un programa de urbanización y vivienda protegida en tales nuevos núcleos urbanos. Indudablemente, recursos de los multilaterales son una alternativa más atractiva para estos proyectos sociales, los cuales demandan además de la cuidadosa planificación, un apoyo sociológico continuo.

Una referencia para las políticas microeconómicas es la “Misión Riqueza” promovida por CEDICE LIBERTAD. Durante el lanzamiento de esta propuesta “para rehacer a Venezuela con Ética y Libertad”, D. Hugo Faría, integrante de CEDICE y compilador/editor del documento base de la Misión, refería al período histórico de crecimiento económico y mejora en calidad de vida que tuvo Venezuela en el lapso 1920-1957. Este convulsionado período ciertamente merece un estudio histórico serio, dado que comprende varios de los principales acontecimientos sociales del Siglo XX venezolano: el petróleo aparece como sector estratégico, se liquida la deuda pública externa (un verdadero homenaje a El Libertador Bolívar, en el centenario de su muerte), se produce la primera transición democrática tras fallecer el dictador D. J.V. Gómez, nacen las principales instituciones del Estado del Bienestar (Seguro Social, Banco Central), ocurre el condenable golpe de Estado de D. Betancourt a D. Medina, y, aún con tanta agitación, en medio del colapso económico mundial entre las dos Guerras Mundiales y con un Estado Venezolano que sólo a partir de 1945 es que se apropia 50% de la renta petrolera, Venezuela fue un caso exitoso y destino apetecible tanto para la inversión internacional como para los emigrantes europeos. Esta historia contrasta con el desastre social que sucedió a la nacionalización de la industria petrolera por Carlos Andrés Pérez.

En el ámbito de la justicia, así como las naciones que han pasado por dictaduras recientes en América Latina están ajustando cuentas a los victimarios, la “Quinta República” sólo será tal y corresponderá al refrán popular de que “No hay Quinto Malo” si procede a someter a la justicia y el imperio de la Ley a quienes usaron la dictadura bipartidista vigente entre 1958 y 1998 para enriquecerse a expensas del erario público y la miseria popular. Estos “creadores de pobreza e ilegalidad” permanecen en la impunidad, sin ser llevados a juicio ante tribunales respetables y jurídicamente impolutos. ¿Dónde están los ejecutores de inocentes durante el 27 y 28 de febrero de 1989? ¿Dónde están los que asesinaron a los pescadores de El Amparo? ¿Quién somete a juicio a los de la calaña de Vinicio Carrera, Jaime Lusinchi, Blanca Ibáñez, José Ángel Ciliberto y Gardenia Martínez del Caso Turpial? ¿Nadie reabrirá sus expedientes cerrados por complicidad partidista en el Poder Judicial? ¿Se revisará la muerte de D. Reinaldo “Renny” Ottolina, primer gran candidato independiente silenciado de manera sospechosa en un accidente aéreo donde la mayoría vemos un crimen de Estado? ¿Dónde están quienes saquearon el Banco de los Trabajadores? ¿Nadie someterá a juicio a los falsos banqueros que saquearon el sistema financiero venezolano entre 1994 y 1996? ¿Se replicará en el Control Cambiario actual la impunidad que tuvieron los administradores de RECADI y la OTAC? ¿Nadie validará las cuentas fiscales y particulares de los burócratas durante el proceso de nacionalización y “Nueva Venezuela” que emprendió Carlos Andrés Pérez?

Quienes han muerto de hambre, miseria y mengua por culpa de la dictadura partidista claman por un sector público enérgico, afín a la libertad económica, dispuesto a llevar la inevitable corrupción propia de un Estado petrolero a la mínima expresión. Es hora de que el Estado cese en su entorpecimiento de los planes de felicidad individual y social. La actual Revolución Bolivariana está llamada a emprender esta auténtica reforma social, contando con el apoyo ciudadano. El que se gana el sustento con trabajo y esfuerzo merece paz para sus ocupaciones diarias.

Y manteniendo la tónica católica de hace unos párrafos, ojalá la Quinta República realice para Venezuela lo anunciado en Zacarías 9,12: “Pues yo sembraré la paz; la viña dará uva; la tierra sus productos; el cielo entregará su rocío. Todo esto se lo daré a lo que queda de este pueblo”.

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