
La inhabilitación -por parte del contralor general de la República, Clodosvaldo Russián- de Leopoldo López, Enrique Mendoza y otros importantes dirigentes políticos nacionales y regionales, se ha repetido hasta el cansancio, es inconstitucional, ilegal y, además, viola disposiciones expresas de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos.
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