¿Por qué Hugo Chávez?

Alvaro Vargas Llosa

Publicado en ElDiarioExterior.com 02/10/07

Sin darse cuenta de ello, vaya tragedia, la gente depositó su fe en un hombre que garantizaba la perpetuación del sistema que había empobrecido a Venezuela.

Alvaro Vargas Llosa

—¿Qué hizo posible a Hugo Chávez? ¿Por qué un país permite a un hombre cuyas credenciales son las de líder de un golpe militar que intentó derrocar a un gobierno legítimo convertirse en el gobernante desbocado de la nación? ¿Qué clase de gente aplaude a un presidente que quiere reemplazar las instituciones republicanas por un sistema—el socialismo—que el siglo 20 desacreditó hasta la médula?Algunas de las respuestas a estos angustiosos interrogantes pueden encontrarse en un reciente trabajo del profesor Hugo Faria patrocinado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad Monteávila en Caracas: "Hugo Chávez, desde la perspectiva de la economía venezolana y la historia política". No se trata de un ejercicio puramente académico. La historia de América Latina demuestra que los caudillos populistas siguen apareciendo con asombrosa frecuencia. Entender por qué Chávez llegó al poder hace casi una década y ahora pretende una reforma constitucional que le permita la reelección permanente es un paso necesario para tratar de prevenir el surgimiento de futuros caudillos populistas.En la primera mitad del siglo 20, Venezuela tuvo una economía bastante libre aunque su sistema político no era democrático. Lejos de dar pie a una típica economía dirigista dependiente de los recursos naturales, el descubrimiento de petróleo en 1918 aceitó un sistema de libre mercado que condujo a resultados espectaculares. Por supuesto, el petróleo, que estaba en manos privadas, vivió épocas de auge. Pero las manufacturas y los servicios también se expandieron a tasas superiores a las de la economía en su conjunto.

El Banco Central era autónomo, la tasa marginal del impuesto a la renta era del 12 por ciento, el Estado no absorbía más de una quinta parte de la producción de la nación y el superávit fiscal era un ritual de todos los años. Hacia 1960, un trabajador venezolano promedio ganaba 84 centavos por cada dólar que percibía un trabajador estadounidense promedio.

Pero algo ocurrió entonces. Comenzó bajo el gobierno dictatorial de los años 50 y cobró ímpetu cuando la democracia llegó a Venezuela en 1958: los venezolanos pasaron de ser en su mayoría emprendedores autónomos a depender de un Estado que empezaba a crecer —y crecer. El profesor Faria considera que el éxito económico condujo a un deseo de participación política —es decir a la democracia—, que a su vez generó toda clase de presiones sobre una nueva elite política propensa a consentir los instintos de la gente, que prefería la dependencia antes que el trabajo duro.

"El comienzo de la democracia", afirma Faria en este trabajo publicado en inglés, "trajo más políticas redistributivas y una mayor influencia de los grupos rentistas que tuvieron el efecto de socavar las libertades económicas". Los resultados fueron un elevado gasto fiscal, límites a la inversión extranjera, una oleada de nacionalizaciones y la politización de la moneda y el poder judicial. Entre 1960 y 1997, el año previo a la llegada de Hugo Chavez al poder, el ingreso real per capita de Venezuela se redujo a una tasa anual promedio del 0,13 por ciento.

Yo añadiría otra explicación a la ofrecida por Faria acerca del tránsito hacia el Estado gigante tras el establecimiento de la democracia en Venezuela: la cultura política de las elites latinoamericanas. Ellas estaban profundamente influenciadas por las ideas nacionalistas en boga, según las cuales el desarrollo sólo era posible independizándose de los grandes centros de poder y gestando mercados internos mediante la protección gubernamental. Las políticas asociadas a estas ideas —sustitución de importaciones, nacionalizaciones, manipulación monetaria, control de precios —habían arraigado profundamente en el imaginario político de América Latina.

Cuando Chávez realizó su campaña contra el "puntofijismo" —el nombre con que se conoce en Venezuela a las cuatro décadas de gobierno democrático que van de 1958 a 1998—, calzó con un pueblo que había perdido la fe en sus instituciones republicanas. Ese pueblo no recordaba los días del Estado pequeño y asociaba la economía venezolana con la explotación del libre mercado debido a que unos pocos grupos cercanos al Estado parecían prosperar a expensas del resto.

Sin darse cuenta de ello, vaya tragedia, la gente depositó su fe en un hombre que garantizaba la perpetuación del sistema que había empobrecido a Venezuela. Nada de lo hecho por Chávez —dádivas, nacionalizaciones, expropiación de tierras, control de precios, impuestos— es nuevo. Bajo los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera (en dos ocasiones), Carlos Andres Pérez (dos veces), Luis Herrera y Jaime Lusinchi, esas políticas también se llevaron a cabo en grados y combinaciones distintas. El precio del petróleo no era tan alto como lo es hoy, así que las deficiencias eran más difíciles de ocultar que en la Venezuela actual.

La inmensa responsabilidad de los gobiernos democráticos de Venezuela en el surgimiento de Chávez es algo que los latinoamericanos jamás deben olvidar. No fue la democracia liberal como sistema, sino quienes actuaron bajo su manto, los que hicieron a Chávez, el hombre que ahora va en pos de la reelección indefinida. Qué historia tan triste.

(c) 2007, The Washington Post Writers Group

ÁLVARO VARGAS LLOSA destaca la capacidad de emprendimiento de los empresarios de la región
América Latina: "Existe potencial para el despegue si los políticos salen del fango"

La incapacidad de la economía latinoamericana, por culpa de su política ruin, para ponerse a la par con otras regiones "emergentes" del mundo ha ayudado a estas empresas a dar el salto global. Ellas buscan fuentes de capital y mercados internacionales con tanto ahínco precisamente porque, ante la ausencia de reformas de libre mercado significativas desde finales de la década del 90, el capital local les resulta demasiado costoso y los mercados internos demasiado pequeños.


Un interesante "ranking" de las 500 empresas más importantes de América Latina nos sugiere hacia dónde se encamina –o no se encamina- el continente. En el resto del mundo, la región lama la atención principalmente por su pirotecnia política, su literatura y sus telenovelas, y, en círculos más especializados, por su papel como proveedora de materias primas. Pero va siendo hora de añadir nuevas cartas a esa baraja.

Muchos negocios latinoamericanos han dejado de confinar su ambición dentro de los estrechos mercados internos o de viajar sólo a países vecinos; ahora, juegan el partido en la cancha global. Según "América Economía", una revista basada en Chile, en los últimos tres años la inversión extranjera directa originada en un país latinoamericano creció seis veces. Este salto de canguro abarca proezas como la de Cemex, que adquirió el Rinker Group de Australia por más de $14,000 millones —audacia que probablemente la convertirá en la mayor productora de cemento del mundo— y la de Compañía Vale do Rio Doce, el gigante de la minería brasileña, que compró Inco, empresa canadiense dedicada a la extracción de níquel, por más de $17,000 millones.

Esto no significa que América Latina esté a punto de superar al Asia como fuente de inversión extranjera: un 60 por ciento del capital internacional originado en países en vías de desarrollo sigue siendo asiático. Lo que significa es que existe un grupo cada vez más competitivo de empresarios latinoamericanos con la visión y el nervio creativo para triunfar en los tiempos que corren. Ello explica, tal vez, que una proporción cada vez mayor de grandes empresas activas en la región sean propiedad de latinoamericanos. De las 500 compañías principales, sólo una cuarta parte son "extranjeras"; hace siete años la proporción rondaba el 40 por ciento.

Paradoja llamativa: la incapacidad de la economía latinoamericana, por culpa de su política ruin, para ponerse a la par con otras regiones "emergentes" del mundo ha ayudado a estas empresas a dar el salto global. Ellas buscan fuentes de capital y mercados internacionales con tanto ahínco precisamente porque, ante la ausencia de reformas de libre mercado significativas desde finales de la década del 90, el capital local les resulta demasiado costoso y los mercados internos demasiado pequeños. El exceso de reglamentos y barreras a la actividad empresarial implica que por lo general las ven negras para hacer frente a la competencia extranjera en sus propios países. Gabriel Stoliar, alto directivo de CVRD, declara que la compañía minera buscó opciones internacionales debido a que "nuestra competencia conseguía levantar dinero a tasas de un 2 por ciento a 4 por ciento al año y a nosotros nos costaba entre un 10 por ciento y un 12 por ciento".

Pocos anticiparon que el subdesarrollo podía ser un acicate para la globalización de las empresas latinoamericanas. Tendemos a pensar que un país debe acumular mucho capital antes de que sus empresas salgan a navegar por los siete mares. La tasa de inversión representaba entre el 30 y el 40 por ciento del Producto Bruto Interno de los países asiáticos en vías de desarrollo antes de que sus empresas descubrieran el planeta. En cambio, aunque América Latina está aun relativamente atrasada y su tasa de inversión no se acerca al 30 por ciento del PBI, varias de sus empresas ya han desbordado las fronteras nacionales. Por cierto, es improbable que muchas más sean capaces de seguirles los pasos mientras la región no despegue de forma definitiva, pero la globalización "prematura" de muchos de sus negocios nos habla de un potencial notable.

Estas novedades estimulantes hacen pensar con melancolía en cuánto mejor podría irle a América Latina si pusiera orden en su burdelesca política y continuase con las reformas que se frenaron a fines de los años 90, cuando la corrupción y el mercantilismo soliviantaron a millones de ciudadanos contra los mercados libres. Muchas de estas compañías son exitosas a pesar de sus gobiernos. En áreas como las telecomunicaciones, la electricidad e incluso la minería, las empresas privadas enfrentan grandes dificultades para satisfacer una demanda creciente. La razón es simple: en años recientes, la intromisión burocrática generó un contexto empresarial disuasorio en el que las inversiones que deberían haberse hecho nunca fueron realizadas.
Tal vez a eso se deba la inquietante reaparición de la empresa estatal en la región. La dificultad de las compañías privadas para satisfacer la demanda ha permitido que algunos gobiernos se conviertan nuevamente en protagonistas económicos. El cuarenta y cinco por ciento de las ventas totales de las 500 compañías principales de América Latina fue generado por empresas estatales. No sorprende que la petrolera venezolana, PDVSA, tenga las mayores ventas de la región (equivalentes a las ventas combinadas de las 36 empresas mineras que integran el grupo de las 500).

Los empresarios globales de América Latina envían una poderosa señal a sus países. Lo que dicen es sencillo: existe el potencial para un despegue espectacular si los políticos salen del fango.
(c) 2007, The Washington Post Writers Group

Publicado en Diarioexterior.com 18 de agosto de 2007

La ilusión de prohibir

Alvaro Vargas Llosa

15 de enero de 2007

Imaginaba que sería posible encontrar cocaína en Cartagena, el famoso puerto caribeño de Colombia. Pero no sabía lo fácil que resultaría ni lo barata que es. Me tomó cinco minutos ir en automóvil desde la Ciudad Amurallada hasta la Calle de la Media Luna, donde se ofrece "perico" en cada esquina. ¿El precio? 20.000 pesos (8 dólares) el gramo. "Demasiado rosada para mi gusto", dije, simulando displicencia, mientras me alejaba. Tenía la información que necesitaba para esta columna: la cocaína es abundante y barata.

En Colombia, tarda cinco minutos confirmar lo que los políticos a lo largo del hemisferio occidental niegan en público: que la guerra contra las drogas es un glorioso fracaso. Toma también cinco minutos comprobar la devastación causada por mafias que deben su existencia, precisamente, a la guerra contra las drogas. El día de llegué, otra muerte más relacionada con el reciente escándalo sobre los vínculos entre los grupos paramilitares y el estamento político conmocionó al país. Jairo Andrés Angarita, uno de los jefes de la poderosa fuerza de 35.000 efectivos desmovilizada a cambio de sentencias reducidas, fue asesinado porque poseía información acerca de reuniones que tuvieron lugar en 2001 entre políticos muy conocidos y su grupo paramilitar de derecha, conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y financiado, como sus contrapartes de izquierda, por la cocaína.

Desde 2002, el gobierno de Alvaro Uribe ha realizado un esfuerzo titánico para erradicar el cultivo de coca, dedicando un tercio de la asistencia estadounidense a ese fin. En los tres años siguientes, las plantaciones de coca cayeron casi a la mitad. Pero los sembradores trocaron las grandes plantaciones por las pequeñas parcelas desparramadas por casi todos los departamentos del país, de modo que al cabo de un tiempo las cifras fueron revertidas. La gran mayoría de los campos detectados en la actualidad son nuevos.

En un país que ha realizado admirables progresos en otros frentes, la guerra contra las drogas está impidiendo que el gobierno termine con las organizaciones narcoterroristas. Entre 2002 y 2005, la política de "seguridad democrática" de Uribe logró alejar a estas organizaciones, especialmente al imperio marxista conocido como las FARC, de varias ciudades. El número de homicidios disminuyó un tercio y el número de atentados terroristas cayó dos tercios. La economía repuntó notablemente. Pero luego la campaña contra el terrorismo se empantanó por razones que no puedes ser atribuidas exclusivamente al demonio de las selvas colombianas. Las mafias que deben su existencia a la penalización de la cocaína siguen generando los fondos suficientes para igualar todos los esfuerzos que hace el gobierno para potenciar su capacidad militar (las fuerzas militares y policiales se han expandido en un tercio).

La frustración ha reabierto el debate sobre la guerra contra las drogas. Algunos políticos piden, sin ambages, la despenalización. Otros proponen mecanismos intermedios. La analista Olga González sostiene que en los últimos quince años "Colombia ha extraditado a centenares de colombianos y fumigado cientos de miles de hectáreas. Sin embargo, la cocaína sigue siendo un excelente negocio. El contubernio entre mafia y política ha llegado al poder, como registran hoy las revelaciones de la ´para-política´´". Ellos recuerda que en los años 70 existía en Colombia un lucrativo comercio de marihuana. Cuando los estadounidenses comenzaron a cultivarla en casa, las mafias colombianas desaparecieron. ¿Por qué los laboratorios estadounidenses —se pregunta— no desarrollan la cocaína sintética para la que existe ya un prototipo? ¿O por qué los estadounidenses no desarrollan una hoja de coca genéticamente modificada que requiera menos radiación solar y humedad tropical a fin de que los consumidores puedan cultivarla en sus balcones?

Todas estas soluciones, sin embargo, chocarían con la prohibición del consumo. Y en el caso de la cocaína sintética, lo cierto es que –a pesar de la guerra contra las drogas— la auténtica es mucho más barata de producir. El debate que urge abordar es el de la despenalización. El lugar para abrir ese debate no es Colombia sino los Estados Unidos. Ningún gobierno latinoamericano podría despenalizar las drogas de forma unilateral sin provocar la ira fatal de los Estados Unidos, exponiendo a su país a feroces represalias. Un ejemplo reciente es el intento del ex Presidente mexicano Vicente Fox de promulgar un proyecto de ley sancionado por el Congreso que legalizaba pequeñas cantidades de ciertas drogas para el consumo personal. Cuando las siete plagas de Egipto cayeron sobre Fox —por cortesía de Washington—, el mandatario conservador tuvo que dar marcha atrás.

De tanto en tanto, se abre en los Estados Unidos el debate sobre la despenalización de ciertas drogas, pero se esfuma pronto. Es un tema delicado, dadas las horrendas consecuencias asociadas al abuso de su consumo. Aun así, figuras conocidas como Henry Kissinger y el fenecido Milton Friedman, o publicaciones respetadas como "The Economist", han postulado la despenalización. Con buenas intenciones, la guerra norteamericana contra las drogas está trayendo más daños que beneficios a Colombia, uno de los más firmes aliados de Washington en el hemisferio occidental. Ello amerita reabrir el debate más pronto que tarde.

(c) 2007, The Washington Post Writers Group
Publicado en Diario Exterior