Unión latinoamericana: un desafío. Enrique R. González Porras

La consolidación económica de la región se encuentra amenazada.
Independientemente del grado de integración en el que se encuentre un grupo de naciones que pretendan consolidar un mercado único o un mercado ampliado, debe tenerse claro que tanto la competencia como el propio mercado único constituyen objetivos intermedios fundamentales.

2-D: día del rechazo
Enrique R. González Porras

Venezuela se enfrenta a un problema agente-principal, en el cual los intereses particulares de quienes administran la actual gestión de gobierno –en un país sin independencia de poderes- dominan los intereses colectivos. Dentro y fuera de nuestras fronteras sobran evidencias sobre lo distorsionador, en términos de eficiencia económica (elemento considerado un bien social, ya que garantiza la productividad de los recursos escasos), de figuras como las cooperativas, las comunas, las empresas cogestionadas, y todas las demás estructuras del colectivismo.

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Diario El Universal 28/01/08

“Importar” políticas
Enrique R. González Porras

Los órganos administrativos del gobierno actual podrían “apalancarse” en experiencias exitosas a nivel mundial, reduciendo la exposición a incertidumbres, y beneficiándose de los ensayos y fracasos en los que han incurrido naciones institucionalmente más avanzadas. Con ello, el Estado podría beneficiarse del aprendizaje ajeno, evitando clonar políticas que por ineficientes y carentes de incentivos productivos, mantuvieron a ciertas sociedades y naciones en el atraso, la ineficiencia y el subdesarrollo.

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Reforma: una condena económica y social
Enrique R. González Porras
Publicado Diario El Universal 01/10/07

La propuesta de reforma constitucional, de ser aprobada, representaría un cambio dramático en lo que respecta al modelo económico, los incentivos a la producción, los estímulos a agregar valor, y el fomento a la innovación y al desarrollo.

Si bien ciertos objetivos perseguidos por los cambios podrían considerarse socialmente legítimos, la propuesta de instrumentación peca de ad hoc, una vez que no reconoce alternativas de instituciones y modelos económicos, que resultarían mucho más eficientes a la hora de alcanzar las metas sociales planteadas y permitirían darle sostenibilidad a las transformaciones (obviamos cualquier consideración política, así como las eventuales intenciones de perpetuación en el poder).

Supongamos que efectivamente la intención de la reforma es consolidar los principios que den forma al modelo económico que “garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social, y la mayor suma de felicidad posible”, tal sumatoria de felicidad no es más que la agrupación de prosperidad, satisfacción, utilidad y excedente de cada uno de los individuos que constituyen la sociedad. No puede garantizarse la maximización de tal agregado de bienestar, si se desdibuja al individuo y al ciudadano, confiscando su identidad, derechos y libertades individuales (libertad económica y derechos plenos de propiedad), y si estas son suplantadas por una administración discrecional de nuestros gustos, preferencias y necesidades por parte de un Estado “omnipresente”. Tal expropiación acrecentaría el déficit de la relación entre el Estado (Gobierno en nuestro caso) y el pueblo, constituido indefectiblemente por ciudadanos o individuos.

Aun cuando pequemos de inocentes, e incluso de benévolos, al no considerar la eventual intención de centralización de poder, discrecionalidad y hegemonía por parte de los redactores, el modelo económico planteado en la reforma parece poseer la equidad como interés fundamental. Sin embargo, el desprecio hacia bienes sociales como la eficiencia económica, condenarían a la sociedad venezolana a un uso no óptimo, poco productivo y poco generador de valor de los recursos y medios de producción, por lo general escasos, y con altos costos alternativos.

Así las cosas, el Ejecutivo Nacional nos presenta un modelo económico que concibe los objetivos sociales de equidad y eficiencia económica como excluyentes e irreconciliables. De sancionarse la reforma constitucional, se condenaría a la sociedad venezolana a sacrificar objetivos de mediano y largo plazo como el crecimiento económico, la generación de valor y el incremento del bienestar social, por un ideal de equidad, que igual podría conquistarse con eficiencia.

El problema de la equidad no puede encararse desechando metas de eficiencia económica, porque se cae en la insostenibilidad de tal cruzada. En específico: constituye un error pretender solventar la insuficiente redistribución a través de medios e instrumentos de políticas distintos a los idóneos, como son la política fiscal e impositiva del Gobierno.

El esquema económico planteado en la reforma destruye la “levadura” que hace crecer la “tarta” que constituye la economía nacional, los incentivos y los derechos y libertades económicas individuales. Pobres serán los resultados de redistribución de la “tarta” si no la dejamos levantar y no contamos con la “levadura” que expande el volumen de la riqueza sujeta a redistribución.

Resulta cierta la urgencia de resolver la carencia de equidad e inclusión social en Venezuela. Sin embargo, intentar solucionar estas dificultades por medio de los cambios planteados, destruirá los incentivos para crecer y generar la riqueza que luego puede ser redistribuida a través de instrumentos de políticas públicas eficaces (la política fiscal e impositiva), desincentivando a su vez la creación y entrada de nuevas empresas generadoras de empleos e ingresos fiscales, y las actividades de innovación y desarrollo. Asimismo, se estaría otorgando mayor poder discrecional a los altos funcionarios públicos en detrimento de nuestras decisiones individuales.

Será insostenible cumplir en el mediano plazo con los objetivos de equidad, debido a que el modelo económico implícito en la reforma parte del supuesto errado de que los principios de equidad y eficiencia económica son antagónicos y excluyentes. Si se aprueba la reforma constitucional se estará condenando a la sociedad venezolana.

cedice@cedice.org.ve

Regulación y mercantilismo
Enrique R. González Porras

Se pierde la oportunidad que implica incentivar la producción nacional

No se avizora solución sostenible y responsable en el caso de los episodios de desabastecimiento e inflación en Venezuela. Las huidas hacia delante, culpando al sector privado de los efectos perniciosos de numerosas regulaciones innecesarias, draconianas y exageradamente punitivas, ha sido la norma de la política económica del Gobierno actual. El prejuicio dogmático y fundamentalista en contra de la iniciativa privada, la libertad económica, el mercado, la competencia y la empresa privada, como mecanismos e instrumentos necesarios para que existan los suficientes incentivos a la producción y a la entrada e instalación de empresas productoras, sirven de fundamento a la desatinada articulación de políticas económicas y públicas.

El desequilibro existente entre la demanda y la producción interna, no se explica únicamente por el boom petrolero y el exceso de gasto público corriente. De igual manera, las constantes amenazas y restricciones impuestas sobre la iniciativa privada y la actividad económica privada, han constreñido cualquier posibilidad de que este sector colabore a favor de la tan necesaria adecuación entre oferta y demanda.

Una combinación de controles de precios sobre sectores potencialmente competitivos y mecanismos de enforcement como la Ley contra el Acaparamiento, sirven de desincentivos en contra de los agentes económicos privados que tienden por naturaleza a producir. Así las cosas, los empresarios y emprendedores se lo pensarán dos veces antes de entrar a los mercados o a la hora de ampliar su capacidad productiva y de oferta. ¿Cómo va a percibir rentable y seguro un empresario nacional aumentar su capacidad instalada si tenemos al menos medio año oyendo que se considera sacrilegio poseer capacidad ociosa, y se habla de manipulación de los medios de producción, acaparamiento, desabastecimiento y especulación?

Más grave aun, en la nueva Ley contra el Acaparamiento no se caracteriza ni define suficientemente cómo se perfecciona tal tipo de prácticas. Sin embargo, en ese instrumento regulatorio sí se le otorga a los Consejos Comunales el poder de intervenir y tomar los inventarios o las empresas (¿sin previo procedimiento regulatorio ni experticia para hacerlo?).
Por ello, la exhortación que hiciera el ministro Giordani hace varios meses para que los empresarios venezolanos aumentaran su producción, resulta en vano.

Si eventualmente se expande la capacidad productiva ante el boom de demanda, para luego correr el riesgo de ser sancionado e inculpado de manipulador de los medios de producción en el período de caída del mismo, poco incentivarán esas palabras ante normas tan descabelladas y ante regulaciones de precios en una economía inflacionaria. Así, vemos cómo se ha ido construyendo un entramado legal y regulatorio que se traduce en tremendos desincentivos a la actividad económica y la producción.

Para cubrir la demanda la respuesta que encuentra el Gobierno es autorizar cuanta importación sea posible. Una vez que resulta fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la cabilla en el propio, no puede sino culparse de la situación de desequilibrios en el mercado a los empresarios venezolanos. No importa que las distorsiones sean producto directo de sucesivas regulaciones innecesarias y dañinas a la economía y a la sociedad.
El negocio en Venezuela resulta de intermediar: procurar que parte del efecto derrame de los petrodólares pase por nuestros bolsillos, sin que ello demande esfuerzos de innovación, asumir riesgos de instalación y entrada, de producción, pagar nóminas, aporte al fisco, etc.

Aun cuando los clichés existen de bando y bando, y seguramente los involucrados dirán que resulta reflejo del riesgo país, invitamos al lector a que revise la etiqueta de precios de los productos importados, las cuales se encuentran denominadas en varias monedas (bolívares, dólares y euros). Calcule el tipo de cambio implícito y se dará cuenta de que en Venezuela sí existe un "frenesí" por sacar rentas del consumismo desenfrenado ante el control de cambio, las tasas reales negativas y el auge petrolero.

Mientras lo anterior ocurre, se pierde la oportunidad que implica incentivar la producción nacional. La actividad económica y productiva doméstica. En su lugar, se fortalece al Estado empresario y regulatorio, con lo que se pierde la posibilidad de contar con la alineación de los intereses privados y los públicos por medio de la producción, la actividad económica privada y la eficiencia productiva.

cedice@cedice.org.ve

Publicado Diario El Universal 20/08/07