
Trino MárquezJueves, 17 de enero de 2008
Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, a Colombia le ha costado un enorme esfuerzo construir y, sobre todo, mantener las instituciones democráticas. A la hermana República nada le ha sido fácil. Evitar que la confrontación política y social se desborde, y la nación se desbarranque por el precipicio de la guerra civil, ha sido una tarea titánica para la mayoría de los gobiernos. Las plagas que la han azotado son peores que la peste negra que diezma a la Europa medieval. Guerrilla (que va desde las corrientes marxistas radicales hasta los bolivarianos más rabiosos), narcotráfico y paramilitares son algunos frentes donde los gobiernos han tenido que batirse. Pablo Escobar y los “extraditables” causaron estragos durante la década de los 80 y parte de los 90. El M-19, en 1985, organiza una de las operaciones más violentas y audaces de las que se tenga memoria en América Latina: el asalto al Palacio de Justicia. Allí toman como rehenes a los magistrados de la Corte. Ese episodio culmina con la muerte de la mayoría de los magistrados y de los subversivos que asaltan el edificio, y se convierte en símbolo de la lucha sin cuartel entre el Estado y los grupos que querían destruirlo para implantar una dictadura o el caos total.
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