Según la enciclopedia Wikipedia, la palabra traición tiene varias acepciones. La legal: es el crimen de deslealtad a la Constitución que regula la gobernabilidad de la nación o al Estado mismo.
La Constitución es un contrato social donde el pueblo otorga al Estado la autoridad para que los poderes que lo integran y los representantes elegidos democráticamente protejan, de una manera armoniosa y en paz, los derechos fundamentales inalienables (la vida, la libertad y la propiedad) y el contenido total de la Constitución.
En la Constitución de 1999, una de las partes mejor estructuradas es la del régimen fiscal y monetario (artículos 311 al 321), que de haberse cumplido estrictamente, hubiese controlado la inflación, mantenido la estabilidad cambiaria y logrado el más anunciado objetivo del Gobierno: la reducción de la pobreza. Mi esperanza era que recuperáramos la estabilidad (inflación menor de 1% anual y un tipo de cambio de Bs./$ 3,35) que tuvo Venezuela cuando el Banco Central era totalmente independiente (1940/1963). Por el contrario, en estos 8 años de gobierno, todos los artículos de la Constitución correspondientes a mantener esa disciplina se incumplieron. Los resultados son: déficit fiscal, endeudamiento creciente, un Banco Central sin autonomía y saqueado (la liquidez monetaria solo tiene 47% de respaldo porque las reservas internacionales las sacaron), un aparato productivo que se destruye cada día con impuestos, regulaciones y amedrentamiento.
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